Conoce las Nuevas Reformas al INFONAVIT
Recientemente, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha implementado y propuesto varias reformas significativas para mejorar el acceso a la vivienda en México. A continuación, se destacan las más relevantes:
Congelación de Saldos y Mensualidades de Créditos Hipotecarios
A partir del 11 de noviembre de 2024, el Infonavit congeló los saldos y mensualidades de dos millones de créditos hipotecarios emitidos antes de 2013 bajo el esquema de Veces Salario Mínimo (VSM). Estos créditos solían incrementarse anualmente debido a la inflación y ajustes salariales, lo que dificultaba su pago. Con esta medida, las mensualidades y saldos permanecerán constantes, aliviando la carga financiera de los acreditados.
El País
Programa de Arrendamiento Social con Opción a Compra
En diciembre de 2024, se aprobó una reforma a la Ley del Infonavit que permite al instituto convertirse en constructor de viviendas a través de una empresa filial. Esta reforma introduce un programa de arrendamiento social que ofrece a los trabajadores la posibilidad de alquilar viviendas de interés social, con la opción de comprarlas después de 10 años. El costo del alquiler no excederá el 30% del salario del trabajador, facilitando el acceso a una vivienda digna.
El País
Construcción de Viviendas por parte del Infonavit
La misma reforma permite al Infonavit actuar como constructor de viviendas mediante una empresa filial supervisada por el instituto. Esta iniciativa busca incrementar la oferta de viviendas de interés social y atender la demanda de los trabajadores, asegurando calidad y precios accesibles.
El País
Beneficios Adicionales para 2025
Para el año 2025, el Infonavit ha anunciado planes para destinar 500,000 viviendas a los derechohabientes, ampliando las opciones de acceso a la vivienda. Además, se implementarán beneficios adicionales, como la reducción de tasas de interés y mensualidades, así como descuentos en saldos para ciertos créditos, con el objetivo de facilitar la adquisición y pago de viviendas.
Las recientes reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) han suscitado preocupaciones sobre la seguridad de los ahorros de los trabajadores, que ascienden a aproximadamente 2.7 billones de pesos en las subcuentas de vivienda. A continuación, se detallan los principales cambios administrativos y las inquietudes asociadas:
Cambios en la Estructura de Gobierno del Infonavit
Reducción de Miembros en Órganos de Gobierno: La Asamblea General se reducirá de 45 a 30 integrantes, y el Consejo de Administración de 15 a 12 miembros, con igual representación de los sectores gubernamental, patronal y laboral. Sin embargo, en la Comisión de Vigilancia y en el Comité de Auditoría, el gobierno tendrá mayoría, lo que podría influir en la toma de decisiones clave.
El EconomistaNombramiento del Director General: El Presidente de la República tendrá la facultad de nombrar y remover al director general del Infonavit, centralizando el control administrativo y operativo del instituto.
El Economista
Preocupaciones sobre la Seguridad de los Fondos de los Trabajadores
Acceso a los Fondos: Críticos de la reforma, como el senador Ricardo Anaya, advierten que estas modificaciones podrían permitir al gobierno disponer de los recursos de las subcuentas de vivienda para otros fines, poniendo en riesgo los ahorros de los trabajadores.
Yahoo NewsSupervisión Financiera: La reforma propone que el Infonavit quede fuera de la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), delegando la emisión de reglas prudenciales a la Secretaría de Hacienda. Esto genera inquietudes sobre la transparencia y la adecuada gestión de los recursos.
El Economista
En resumen, aunque las reformas al Infonavit pretenden optimizar su funcionamiento y ampliar sus facultades, han generado debate sobre la posible vulnerabilidad de los ahorros de los trabajadores debido a la mayor centralización del control y cambios en la supervisión financiera. Es esencial mantener una vigilancia constante para garantizar la transparencia y la protección de los recursos de los derechohabientes.
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